El Gobierno federal y el sector empresarial coinciden en que para lograr el 4 por ciento de crecimiento económico a finales del sexenio se requieren niveles de inversión pública y privada de más de 20 por ciento del Producto Interno Bruto. Pero los resultados de los proyectos en energía e infraestructura planteados, cuya viabilidad aún no es clara, se verán a largo plazo, coinciden especialistas. En el corto, al menos en el primer año del sexenio, se observarán leves contracciones por el reajuste al gasto público del «dispendio» a uno productivo, derivado de la política de austeridad.
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– El Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador se ha planteado la meta de alcanzar una tasa de crecimiento económico de 6 por ciento en 2024, con un promedio sexenal de 4 por ciento a partir de un modelo diferente al neoliberal.
A seis meses del arranque de la administración, la iniciativa privada lo ve posible solo si la inversión pública y privada se incrementa a más del 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) actual a alrededor de un 25-27 por ciento.
Para ello, el Gobierno federal debería incrementar la inversión pública del 2.7 por ciento registrada al 5 por ciento del PIB, como se lo ha propuesto, y la iniciativa privada ubicarla en un 22 por ciento, estimaron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, y el dueño de América Móvil, Carlos Slim Helú.
«El Gobierno federal tiene el objetivo de incrementar a 5 por ciento la inversión pública, aunque para ello está cuidando mucho el presupuesto, quizá se está pasando un poquito. Es un presupuesto razonable, restringido, y lo restringen más», declaró Slim en el VII Simposium de Centros Históricos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). «Sin embargo, tiene seis meses apenas, hay que darle algo de tiempo», concedió.
Ayer, la Secretaria de Economía Graciela Márquez Colin destacó que va a continuar creciendo la llegada de capitales extranjeros por la ratificación del T-MEC y por las licitaciones que realizará el Gobierno mexicano para el Tren Maya y el Corredor Transístmico con el objetivo de incentivar a la rezagada región sur.
Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), especificó que el efecto de esa inversión pública y privada en el crecimiento solo podrá verse en el mediano y largo plazo.
Pero Valeria Moy, directora de la organización México, ¿Cómo vamos?, dijo que en el Presupuesto de Egresos 2019 la participación de la inversión pública en el PIB no registra aún un cambio significativo y a largo plazo «no será suficiente el Tren Maya ni la refinería Dos Bocas». La economista aseguró que falta una política de atracción de inversión privada que emita signos de coherencia, respeto al Estado de Derecho y a compromisos pactados, contrario a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco y de las subastas eléctricas, lo cual «mandó una señal terrible».
En el corto plazo, agregó la investigadora Rodríguez, mientras se redistribuye el gasto corriente (principalmente salarios) al de inversión, derivado de la política de austeridad, «puede tener un efecto contractivo inmediato», porque la reducción en el pago de sueldos y salarios genera una caída en el consumo interno, lo cual se suma a los riesgos internacionales de la guerra comercial.
En efecto, durante el primer trimestre del año, el PIB tuvo una contracción trimestral de 0.2 por respecto a los tres meses anteriores, el mayor retroceso desde 2013, y un incremento real de 0.1 por ciento respecto al mismo lapso de 2018, un empuje inicial menor que el 2.7 por ciento registrado en el primer trimestre del sexenio de Enrique Peña Nieto.
El Jefe de Oficina de Presidencia, Alfonso Romo Garza, explicó el miércoles en el evento de IMEF 2019 que el Gobierno federal está corrigiendo los desbalances del pasado para después ver resultados.
«El gasto corriente hay que bajarlo. El apretón es durísimo, pero próximamente estaremos pasando a reactivarlo», dijo. «Para llegar a 4 por ciento [del PIB] hay que incentivar al sur. El norte tiene que seguir adelante, el Bajío y el norte van muy bien».
En varias conferencias matutinas, el Presidente López Obrador ha reiterado que México crecerá al doble a finales de este gobierno. El miércoles la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde destacó durante su visita al país las políticas fiscales «prudentes» y su enfoque en impulsar el crecimiento inclusivo, reducir la pobreza y la corrupción.
«Nosotros consideramos que son muy buenos los datos [económicos]. Tan es así que la plática de ayer con la maestra Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, no trató sobre ese tema de reducción, disminución de crecimiento ni de crisis económica. Fue sobre otros asuntos que ella tenía interés en conocer, sobre todo el combate a la corrupción, cómo se está orientando el presupuesto para atender a los pobres y la defensa y protección del medio ambiente», compartió López Obrador.
La alternativa a un crecimiento solo en la región norte y concentrado en grandes consocios, expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, busca separar el poder político del económico, mantener finanzas sanas mediante la política de austeridad sin incrementar impuestos pero eliminando condonaciones a grandes contribuyentes, alentar a la inversión privada nacional y extranjera, rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e impulsar el mercado interno y el empleo incluyendo la recuperación del poder adquisitivo un 20 por ciento.
Por ahora, durante el primer trimestre del año, 1.9 millones de mexicanos no tenían empleo, 30 millones 803 mil de personas laboraban en la informalidad, al margen de la seguridad social (Inegi, 2019), y 38.7 por ciento de la población ganaba menos del costo de la canasta alimentaria, sobre todo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos (Coneval, 2019).
IP PIDE INVERSIÓN PÚBLICA DE 5% DEL PIB
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, dijo que le parece «un enfoque totalmente inadecuado» discutir si el origen de estar creciendo a una tasa promedio anual de 2.5 por ciento durante 30 años es el neoliberalismo, ya que el «problema de fondo» es que los niveles de inversión «son muy bajos», pues el gasto corriente ha absorbido los recursos públicos durante ese periodo.
«Sí podemos crecer a las tasas que nos hemos propuesto. México puede salir de este 2.5 y crecer al 4 o más», aseguró el jueves en su ponencia «El papel del sector privado como catalizador del crecimiento» en el foro de Americas Society/Council of the Americas. Pero «no hay duda que al Plan Nacional de Desarrollo le hace falta la parte sustancial que es cuánto vamos a invertir y qué capacidad real tenemos».
En 2018, documentó, se llegó al 21 por ciento del PIB, del cual los privados abonaron el 18 por ciento y el Gobierno pudo invertir solo el 2.7 por ciento, por lo que «debemos de promover que la inversión pública llegue al 5 por ciento del PIB [sobre todo] en energía para poder mover a su industria, su manufactura, emprender proyectos transformadores».
Durante el primer trimestre de 2019, la inversión pública cayó 13.1 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El Gobierno se enfocó en el sector energético: la inversión en hidrocarburos y eléctricos se incrementó 18.9 por ciento y 12.5 por ciento, respectivamente, en comparación con enero-marzo del año pasado.
La prioridad gubernamental en la industria energética se concentra en el «rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional: rehabilitar las refinerías existentes, que se encuentran en una deplorable situación de abandono y saqueo; la construcción de una nueva refinería y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de las cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen, en general, muy por debajo de su capacidad», dice el Plan Nacional de Desarrollo.
La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que el Gobierno de México está haciendo «una inversión muy fuerte» en obras de infraestructura, y reactivando sectores de la economía que no habían recibido atención.
Pero durante el primer trimestre del año aún no se reflejó. La inversión a comunicaciones y transportes se cayó -77.9 por ciento, la del sector agropecuario -100 por ciento, la de ciencia y tecnología -99.9 por ciento y la de turismo -30 por ciento, muestran los datos de Hacienda.
La economista Violeta Rodríguez destacó que los proyectos de obras, como los caminos rurales, el Tren Maya y el Corredor Transístmico, tardarán en reflejarse en el crecimiento porque están en su fase preparatoria, por lo que el grueso de esa inversión público-privada «tendría que verse por lo menos en un año; los recursos no se reciben de un día a otro y los acuerdos entre el gobierno y privados toman tiempo».
«Sería lamentable que esto no se cumpliera y que toda la inversión solo se destinara al sector energético, pues aunque es muy importante sobre todo para un país petrolero, no podemos depender solo de eso porque son ingresos muy inestables y debe haber inversión adicional en otros rubros», dijo Rodríguez.
EL IMPACTO DE LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD
«No al Gobierno rico con pueblo pobre» es una de las principales banderas del Gobierno federal. Uno de los puntos para detonar el crecimiento, dice el Plan Nacional de Desarrollo, es mantener las finanzas públicas sanas, lo que incluye poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana, una tarea que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comandada por Carlos Urzúa.
El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, celebró «que tengamos un Presidente que su prioridad más importante sea el ataque a la corrupción, porque en la medida en que los recursos, si bien ya son escasos, no se utilizan donde se deben utilizar o con el impacto que se debe de tener, los resultados van a ser los mismos», dijo, y también reconoció la actual certidumbre fiscal y un Estado que trata de ser responsable en el gasto público.
Sin embargo, Valeria Moy, directora de México, ¿Cómo vamos?, expuso que solo la política de austeridad «bien llevada» con análisis y estrategia impulsa el crecimiento económico. En la misma línea, este lunes el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Gustavo de Hoyos Walther exigió una austeridad racional, en vez de recortes indiscriminados en áreas básicas que «denotan una falta de visión en prioridades y sensibilidad social».
«Por un lado, el gobierno promueve ahorros en rubros que impactan directamente el bienestar de la población, y por el otro no escatima recursos para proyectos cuya viabilidad social, económica y ambiental son altamente cuestionables como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Si a esto sumamos los enormes recursos que se han reorientado a programas sociales de corte asistencialista y clientelar, lo que en verdad tenemos es un uso irracional y poco efectivo de los recursos públicos», declaró De Hoyos en un video.
Frente a «la pesada herencia de una deuda pública de 10 billones de pesos, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción del régimen anterior» (PND 2019-2014), la actual administración no apuesta a más deuda o aumento de impuestos, sino a obtener los recursos para los programas sociales de lo que se ahorre con el combate a la corrupción y la eliminación de gastos suntuarios, desperdicio de recursos y robo de combustibles.
El recorte a «gastos faraónicos» dentro del gobierno fue de 12.6 por ciento de enero a marzo frente al mismo trimestre del 2018, documenta Hacienda. Solo el gasto en el Congreso cayó 29 por ciento. Pero el gasto para desarrollo económico disminuyó 2.2 por ciento en el primer trimestre del año, aunque para el concepto de combustibles y energía subió 6.7 por ciento.
Los ingresos públicos provienen más de impuestos que por exportaciones petroleras. Los ingresos petroleros cayeron 11.5 por ciento en el primer trimestre de 2019, mientras que los ingresos tributarios presentaron un aumento de 5.1 por ciento.
«Durante esos 36 años de neoliberalismo la administración pública llevó a cabo una política fiscal claramente orientada a beneficiar a unas cuantas empresas privadas mediante exenciones, créditos fiscales y deducciones injustificadas. La mayor parte de la recaudación cayó en los hombros de las clases medias, las pequeñas y medianas empresas y el pueblo en general», afirma el Plan Nacional de Desarrollo.
De 2007 a 2018, durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, se condonaron 400 mil 902 millones de pesos a grandes contribuyentes, principalmente a 108 del sector privado, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que firmó un decreto para prohibirlo.
Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, declaró en un foro que «se convirtió en un deporte nacional el defraudar al fisco federal». De 2014 a 2018, documentó, el monto de evasión fiscal por facturas fue de 2 billones de pesos, es decir, 500 mil millones de pesos al año, «la décima parte del presupuesto es lo que se defrauda con estos esquemas».
